Seguridad física

23/04/2018

Seguridad física

Dato Histórico

Las primeras cámaras de vigilancia aparecieron en ciudades que funcionaban como destinos turísticos durante el verano, tanto en Europa como en Estados Unidos. Su objetivo era detectar carteristas, pequeños defraudadores, comerciantes ilegales, así como disuadir comportamientos que alteraran el orden social.

En años recientes, los proyectos inmobiliarios han comenzado a incluir cámaras de vigilancia como parte del diseño de conjuntos arquitectónicos, a tal grado que casi cualquier proyecto de inversión urbana demanda la presencia de una red de videocámaras de vigilancia. Por ejemplo, la realización de eventos masivos de referencia mundial -como olimpiadas o torneos de futbol- exige a las ciudades sede la instalación de infraestructura en este sentido.

El crecimiento del mercado de la video vigilancia en América Latina se encuentra por encima de otras regiones del mundo, en parte apuntalado por Brasil como sede, en sólo diez años, de dos eventos deportivos globales. Más allá del caso brasileño, Argentina Colombia y México, encabezan los mercados con mayor crecimiento. En el caso de este último país, por ejemplo, la industria de cámaras de vigilancia incrementó sus ventas significativas entre 2011 y 2012 en un 60% y mantuvo un crecimiento moderado hasta 2014, cuando se detuvo sensiblemente por la introducción de las cámaras de vigilancia digital -lo cual implicó un reacomodo en las finanzas de las empresas y los distintos ámbitos del Gobierno, quienes no estaban presupuestalmente preparados para adquirir estos equipos de última generación.

El incremento de la video vigilancia en México -y en general en América Latina- no se ha hecho acompañar, como en otros lados, de una evaluación sobre su efectividad para hacer frente a la inseguridad, lo cual contrasta con el cúmulo de investigaciones al respecto en otros países, donde se han logrado establecer, por ejemplo, los límites y alcances de las cámaras de vigilancia en la prevención, reducción y reconstrucción de hechos criminales.

El Censo nacional de Gobierno, seguridad pública y sistema penitenciario estatales 2015 reportó que veintinueve entidades federativas y el Distrito Federal tenían bajo su control 25 631 cámaras de vigilancia para el ejercicio de la función de seguridad pública -más del doble de las que reportó ese mismo censo en 2012 (11 112 cámaras)-. El 41% de las cámaras instaladas en el país se encuentran en el Distrito Federal (10 597 cámaras) -una cifra significativa, pero en descenso si se considera que en el 2012 concentraba el 74% de las cámaras del país-. Detrás del Distrito Federal sigue el Estado de México -con 6 135 dispositivos-, Guanajuato -con 2 188 sistemas de video vigilancia- y Michoacán -que cuenta con 1 296 cámaras

La video vigilancia está creciendo a pasos agigantados en el país. El discurso de la seguridad pública ha permitido su naturalización, sobre todo en los espacios urbanos. Sin embargo, su pobre o inexistente regulación ha derivado en la conformación de un archipiélago de regímenes de video vigilancia, donde marcos jurídicos diferenciales ponen en juego distintos ejercicios de ciudadanía y dinámicas específicas de segregación social o urbana. No resulta congruente que los habitantes de una ciudad tengan una cierta certeza jurídica frente a la video vigilancia, mientras que en otras ciudades no exista un marco claro de su funcionamiento. Es imprescindible establecer mecanismos

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